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SANTO DOMINGO.- El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria alojó en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), de San Cristóbal, a los siete imputados involucrados en el Caso Anti-Pulpo que deberán guardar prisión preventiva por su participación en la trama de corrupción que se benefició con miles de millones de pesos de los contribuyentes.
La magistrada Hilda Patricia Lagombra, coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, notificó la decisión de albergar a los siete imputados en el CCR-XVII, mediante dos oficios, al juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), debido a que ambos recintos “están ocupados” en estos momentos, razón “por lo que no hay espacio para alojar nuevos internos”.
Resalta que el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII) cuenta con “todas las condiciones para garantizar una custodia y vigilancia adecuada” de los imputados, “así como el cumplimiento óptimo del Protocolo de Máxima Seguridad y Alta Notoriedad”.
La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.
«Eso es una cuestión que tiene que ver con el Modelo de Gestión Penitenciaria», aseguró este jueves el titular de la Pepca, Wilson Camacho, al ser preguntado sobre el cambio del recinto carcelario al que fueron enviados los imputados por presuntos actos de corrupción en la denominada operación anti-pulpo.
El representante del Ministerio Público dijo que desde el Modelo Penitenciario se avisó que había unos inconvenientes de cupo, haciendo referencia al centro de corrección Sancristobalense al que fueron enviados a cumplir tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.
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Medina Sánchez, señalado como la cabeza operativa del entramado de corrupción, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, al igual que los exfuncionarios Francisco Pagán, Fernando Rosa y Aquiles Cristofer Sánchez. También, los presuntos testaferros o prestanombres Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El juez Vargas dispuso que los 7 imputados cumplieran la medida de coerción en los Centros de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal (CCR-XX) y San Pedro de Macorís (CCR-XI), pero se imposibilita por falta de espacio.
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