El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
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Por: Luz Colmenares / Color visión
Alrededor de 10200 millones de pesos fueron destinados a la dotación de 752000 equipos tecnológicos para maestros y alumnos del sector público, a través de las adjudicaciones hechas a 56 empresas.
Este procedimiento de adjudicaciones está bajo la lupa del sistema nacional de compras y contrataciones públicas tras la impugnación de al menos 12 empresas participantes; pues estás alegan incumplimiento en las condiciones definidas en el pliego de la licitación.
Los oferentes señalaron que no se cumplió el umbral de precio definido en la licitación, y que empresas con los mismos accionistas ganaron en lotes idénticos de productos.
En el caso específico de algunas empresas beneficiadas, como Fargenex, Gemar SRL, Dexcorp SRL, Infocaribe.NET, Cizzco y Christos Investmet; tienen como criterio común que se trata de empresas pequeñas, cuyos registros mercantiles incluyen rubros muy diferentes entre sí y con ingresos brutos anuales bajos si se comparan con el soporte económico necesario para proyectos de este tipo.
Mirian Díaz, directora ejecutiva de participación ciudadana, alega que la empresa que está siendo sometida a licitación, debe contar con la credibilidad, la experiencia y la transparencia para asegurar la ejecución exitosa de contratos de esta magnitud. A su criterio, cuando se hace una contratación, no solo se evalúan los precios sino quienes ofrecen los precios.
Asimismo, añade que en el caso de una empresa desconocida con poca trayectoria en estos negocios, puede abrirse paso a casos de corrupción, donde puedan aparecer empresas creadas por funcionarios públicos o ligadas a estos; o terceras personas que puedan aprovecharse de sus conexiones dentro de las instituciones del estado para ganar estos concursos.
Por su parte, Julissa Hernández, viceministra de planificación del MINERD, menciona que el comité de planificación recibió solo las instituciones que legalmente tenían soporte del cumplimiento del registro mercantil, pago de seguro social y de impuestos. A su criterio, la descalificación de empresas que cumplan con los requerimientos significa una violación al derecho de participación.
En conclusión, los recursos presentados por las empresas en contra de los procedimientos celebrados por el MINERD, serán evaluados por la misma institución; aunque dos de estos recursos ya se encuentran en manos de la dirección de contrataciones y compras.
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