Patricia Chirinos / Por Noticias SIN
SANTO DOMINGO.- Como “injusto” e “inoportuno” calificó la Cancillería el llamado que hizo este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener la deportación de parturientas haitianas con el argumento de que viola las disposiciones internacionales asumidas por el país.
Al considerar que la incapacidad del gobierno haitiano de resolver las necesidades básicas de su población ha generado una presión migratoria sobre el país, la Cancillería rechazó la petición de la Comisión Interamericana e insistió que las repatriaciones de embarazadas no violan disposiciones internacionales.
Como ejemplo del impacto migratorio, la Cancillería precisó que en 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos, lo que representa un 12.5% del total de nacimientos.
En 2019, se duplicaron a 27,984, para un 23%. En el 2020, aumentaron a 30,322, eso representa un 27.2%.
Entre enero y septiembre de 2021 se registraron 24,376, alcanzando un 30% de los partos registrados en el país este año.
La CIDH había expresado más temprano, en un comunicado de prensa, su preocupación por las denuncias de organizaciones civiles sobre supuestos operativos migratorios en los hospitales y deploró el caso en el que presuntamente “una mujer haitiana habría sido obligada a abandonar el hospital en el que se encontraba recibiendo asistencia médica posterior al parto, dejando a su bebé en el lugar, para ser trasladada a la frontera”.
La Comisión Interamericana también recordó que las leyes nacionales e internacionales establecen que “la detención nunca será utilizada en casos de mujeres embarazadas o lactantes”.
Reiteró que “los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad”.
Con relación a esa información, la Cancillería reconoció que hasta este miércoles se han registrado cuatro casos de mujeres que entraron en labores de parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicado en Haina.
Y manifestaron que dichas mujeres “fueron enviadas al hospital en ambulancia y luego trasladadas a recintos de acogida”.
Aunque la Cancillería aseguró que respeta el principio de no deportar individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas o persecución política, reiteró que “El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en la red pública de hospitales”.
Compartimos el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en el cual informa la posición del Gobierno dominicano en relación a la postura presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
— Ministerio de Relaciones Exteriores R.Dominicana (@MIREXRD) December 1, 2021
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Además, explicó que “La mayoría de los Estados de la región se ha visto obligados a tomar medidas para deportar a esa abrumadora cantidad de migrantes y que no es el momento de recriminar a los Estados que responden a esa situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos”.
