Fernández subrayó que la ley actual, la 1-24, es el resultado de la fusión de tres proyectos propuestos por el gobierno, presentados por el senador Milcíades Franjul y enviados a comisión por la Cámara de Diputados en 2023.
Por: La redacción
Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, convocó a una conferencia de prensa este lunes para divulgar información esencial sobre la polémica Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Fernández puso de manifiesto detalles clave sobre la ley, contradiciendo las afirmaciones del presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader.
En su intervención, Fernández recordó que, en uno de sus artículos publicados los lunes, advirtió sobre la introducción del proyecto de creación de la DNI por el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Señaló que este proyecto buscaba reemplazar el Departamento Nacional de Investigaciones, creado por la Ley 857 de 1978.
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El expresidente destacó que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, había anunciado en una rueda de prensa el 22 de junio de 2021, que el presidente Abinader envió al Senado el proyecto de ley para ajustar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia.
Fernández subrayó que la ley actual, la 1-24, es el resultado de la fusión de tres proyectos propuestos por el gobierno, presentados por el senador Milcíades Franjul y enviados a comisión por la Cámara de Diputados en 2023. El líder de la Fuerza del Pueblo afirmó que la ley es inconstitucional, ya que atribuye funciones al DNI que la Constitución asigna a otros órganos del Estado.
Uno de los puntos que generó mayor controversia, según Fernández, es la dispensa de la necesidad de obtener una orden judicial para la entrega de información a la DNI. Este requisito, inicialmente incluido en el proyecto desde 2010, fue eliminado en una modificación al artículo 11 durante la sesión del 29 de diciembre de 2023, generando críticas y desconcierto.
Fernández concluyó denunciando la aprobación de la ley como un «grave retroceso de la democracia dominicana». Acusó al gobierno y al PRM de aprovechar circunstancias específicas para lograr la aprobación de una ley que, a su juicio, viola derechos fundamentales de los ciudadanos.