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Abinader explica por qué inauguraciones gubernamentales no violan normativa Electoral

Abinader destacó que su Gobierno ha respetado rigurosamente estos plazos, enfatizando que han sido el único partido que ha llevado a cabo actividades proselitistas dentro de los límites establecidos por la ley.

Por: La redacción

El presidente de la República, Luis Abinader, aclaró hoy que las recientes inauguraciones gubernamentales no contravienen la Ley Electoral vigente. En una declaración realizada este viernes, el mandatario señaló que la normativa establece claramente los períodos permitidos para dichas inauguraciones: 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de los comicios presidenciales y congresuales.

Abinader destacó que su Gobierno ha respetado rigurosamente estos plazos, enfatizando que han sido el único partido que ha llevado a cabo actividades proselitistas dentro de los límites establecidos por la ley. «Hemos respetado la ley electoral a tal punto que explícitamente decía que no se podían hacer actividades públicas ni caravanas, y no lo hicimos hasta que la ley lo permitió», afirmó el jefe de Estado.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó estas críticas como «absurdas», subrayando que la ley separa claramente las competencias del gobierno municipal y el gobierno central. «Lo más absurdo que hemos escuchado. La ley lo establece claramente: el gobierno municipal tiene 40 días antes de las elecciones para inaugurar obras, y el gobierno central tiene 60 días antes de los comicios presidenciales», expresó el legislador.

En relación con la normativa electoral, el párrafo VI del artículo 210 prohíbe expresamente la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías durante los 40 días previos a las elecciones municipales y los 60 días previos a las elecciones presidenciales y congresuales. No se agregan delimitaciones adicionales en los párrafos subsiguientes.

La administración de Abinader sostiene que estas inauguraciones son legales y se ajustan a los plazos establecidos por la Ley Electoral, defendiendo así la transparencia y legalidad de sus acciones.