Las acusaciones incluyen actos de tortura, violación sexual, robo, trata de personas agravada en su modalidad de esclavitud sexual o prácticas análogas.
Por: La redacción
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Barahona han solicitado 18 meses de prisión preventiva contra un individuo vinculado a una serie de violaciones sexuales que afectaron al menos a seis mujeres en distintos incidentes ocurridos en las provincias de Barahona y Santo Domingo.
En el documento presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona, el Ministerio Público solicita la medida contra Juan Carlos Peña Nin, conocido como Moreno y/o Greydel Nin Matos, además de pedir que se declare la complejidad del proceso.
Las acusaciones incluyen actos de tortura, violación sexual, robo, trata de personas agravada en su modalidad de esclavitud sexual o prácticas análogas, así como la implicación de múltiples hechos y víctimas cuyas identidades se mantienen en anonimato para proteger su seguridad.
Durante las investigaciones, se descubrió que Peña Nin reclutaba jóvenes vulnerables a través de WhatsApp, haciéndose pasar por amigas para luego ofrecerles dinero a cambio de acompañarlo a diferentes lugares, donde cometía los crímenes. El modus operandi del acusado incluía el consumo de sustancias narcóticas como cocaína y tusi.
El Ministerio Público detalla que Peña Nin encerraba a sus víctimas en casas, las sometía a agresiones físicas, robaba sus pertenencias, las obligaba a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, y las torturaba utilizando armas y cigarrillos. Este patrón de comportamiento se repitió en todos los casos.
El acusado enfrenta cargos por violación a diversas disposiciones del Código Penal Dominicano y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Las autoridades comenzaron las investigaciones el pasado mes de enero tras recibir múltiples denuncias, lo que llevó al arresto de Peña Nin en el Distrito Municipal de Uvilla, del municipio Tamayo, provincia Bahoruco, donde se incautaron diversas pruebas que respaldan su enjuiciamiento.
El Ministerio Público contó con la colaboración de varios organismos, incluyendo la Policía Nacional y la Fiscalía de Santo Domingo Este, en este proceso de investigación y detención del acusado.