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México niega involucramiento de policías en secuestro de migrantes en Tamaulipas

En una rueda de prensa, Villarreal señaló: «En ninguna circunstancia de este proceso de investigación hay posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones».

Por: Maholi Albuez

MÉXICO – El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, desmintió categóricamente las afirmaciones de la prensa sobre la participación de policías estatales en el secuestro de 32 migrantes, destacando que las investigaciones no respaldan dichas acusaciones.

En una rueda de prensa, Villarreal señaló: «En ninguna circunstancia de este proceso de investigación hay posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones». El mandatario destacó el respaldo de videos del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) en el seguimiento del caso.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, también criticó la politización del caso por parte de sus adversarios, afirmando que, a pesar de la gravedad humanitaria, algunos buscan obtener rédito político.

El secuestro ocurrió el 30 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un autobús en Río Bravo. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que los delincuentes llevaron a los migrantes a una finca, despojándolos de pertenencias y exigiendo rescate a sus familias en Estados Unidos.

Rodríguez afirmó que, aunque los criminales liberaron a los migrantes, las fuerzas federales desplegadas en la zona fueron determinantes. El gobierno, en respuesta a críticas por el término «rescate», subrayó que las víctimas fueron liberadas gracias a la acción de las autoridades.

A pesar de la ausencia de detenciones, la secretaria de Seguridad aseguró que existen «líneas de investigación muy claras para lograr la detención de los responsables».

Este incidente, calificado como «atípico», se presenta en el contexto de cifras históricas de migrantes en la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad subrayó los esfuerzos gubernamentales para reducir el delito de secuestro en un 77,6%.