Este caso involucra a 147 víctimas que fueron engañadas mediante supuestos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas artimañas fraudulentas para ofertar viviendas.
Por: Maholi Albuez
Santo Domingo.- La procuradora fiscal Sourelly Jáquez informó hoy sobre la solicitud de prisión preventiva para siete imputados en la Operación Nido, destacando que la estafa perpetrada por la desmantelada red asciende a la considerable suma de 200 millones de pesos.
Este caso involucra a 147 víctimas que fueron engañadas mediante supuestos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas artimañas fraudulentas para ofertar viviendas. En el expediente de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público destaca la complejidad del caso y la necesidad de prisión preventiva.
Según Jáquez, la solicitud de medida de coerción cuenta con cerca de 400 páginas, respaldadas por alrededor de 200 elementos de prueba, que incluyen documentación, peritajes y evidencia financiera. El proceso legal revela la magnitud de las maniobras fraudulentas empleadas por la red en la estafa masiva, afectando a numerosos ciudadanos que confiaron en los proyectos inmobiliarios ofrecidos.
Además de Sourelly Jáquez, participaron en la presentación de la solicitud de medida de coerción los procuradores fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y la fiscal Laura Vargas de la Fiscalía del Distrito Nacional. Este esfuerzo conjunto refleja la determinación del Ministerio Público en abordar la situación y buscar justicia para las víctimas afectadas por la Operación Nido.
La gravedad del caso, la cuantiosa suma de la estafa y la cantidad de víctimas subrayan la importancia de la prisión preventiva como medida necesaria para garantizar la integridad del proceso judicial y evitar posibles interferencias por parte de los imputados. La colaboración entre diferentes fiscales resalta la seriedad con la que se aborda este asunto de relevancia nacional.
En resumen, la Operación Nido se presenta como un caso complejo que requiere medidas firmes por parte del Ministerio Público, quienes buscan proteger los derechos de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.