La investigación, iniciada a principios de 2023, reveló que la red facturó 5.040 euros a una universidad por once incineraciones, las cuales no figuraban en las facturas emitidas por las incineradoras de la ciudad.
Por : Maholi Albuez
En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional, se ha desarticulado en València una red delictiva especializada en la falsificación de documentos para la venta ilegal de cadáveres. La organización, compuesta por empleados de una funeraria, se apropiaba irregularmente de cuerpos de hospitales y residencias para posteriormente comercializarlos a universidades a un precio de 1.200 euros por cada cadáver.
La investigación, iniciada a principios de 2023, reveló que la red facturó 5.040 euros a una universidad por once incineraciones, las cuales no figuraban en las facturas emitidas por las incineradoras de la ciudad. El modus operandi incluía la falsificación de documentos para retirar los cuerpos de manera fraudulenta, como se evidenció en el caso de un fallecido cuyo cadáver fue sustraído de un hospital mediante alteraciones en el libro de registro y la documentación al Registro Civil.
Dos empleados de la funeraria, tras falsificar documentos, trasladaron un cuerpo de la morgue del hospital a una universidad para su estudio, en lugar de darle sepultura como corresponde. En otro caso, la red se aprovechó de la vulnerabilidad de un residente geriátrico con capacidades mentales mermadas para autorizar la donación de su cuerpo, el cual fue vendido a otra facultad de medicina sin el consentimiento real del difunto.
La red prefería cadáveres de fallecidos sin familiares, especialmente extranjeros o aquellos con condiciones de vida precarias, para evitar el seguimiento de donaciones por parte de familiares, garantizando así mayor impunidad.
Las investigaciones también revelaron irregularidades en las incineraciones, donde la funeraria facturaba a una universidad 5.040 euros por once incineraciones que no se reflejaban en las facturas de las incineradoras locales. Los criminales, aprovechando la disección y desmembramiento de los cadáveres, introducían partes en féretros de otros difuntos, realizando una sola incineración y facturándola a la universidad para obtener beneficios.
En consecuencia, la Policía Nacional ha detenido a los responsables de la funeraria investigada, acusándolos de estafa y falsedad documental. Este desmantelamiento destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra actividades delictivas que atentan contra la dignidad de los fallecidos y la integridad del sistema funerario.