La Ley, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado lunes, ha generado un intenso debate entre las fuerzas políticas del país.
Por: La redacción
Santo Domingo – El exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó hoy sus preocupaciones respecto a la reciente Ley 1-24 que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En sus declaraciones, Domínguez Brito comparó la posición del Ministerio Público con la de un «musú», sugiriendo una percepción de debilitamiento de su autoridad.
La Ley, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado lunes, ha generado un intenso debate entre las fuerzas políticas del país. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo presentó la legislación al Congreso Nacional en junio de 2021, y desde entonces ha enfrentado críticas contundentes de la oposición, quienes la consideran inconstitucional y una violación de derechos fundamentales.
Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, defendió la legalidad de la Ley 1-24 el jueves pasado, asegurando que esta cuenta con salvaguardas legales para preservar los derechos fundamentales en el proceso de recopilación de información.
La Dirección Nacional de Inteligencia, delineada en la legislación, nace como un órgano centralizado del Estado encargado de proteger la seguridad nacional y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. Sus atribuciones incluyen la investigación de actividades que amenacen los intereses nacionales, subviertan el estado de derecho o pongan en riesgo la seguridad nacional.
El artículo 11 de la ley establece que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, bajo autorización judicial, deben proporcionar a la DNI la información requerida. Además, la DNI tiene la responsabilidad de recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional, evaluando amenazas internas y externas.
El organismo también puede contrarrestar actividades que representen riesgos para la seguridad nacional y cooperar con el Ministerio Público en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa, siempre que considere necesario el DNI.
Este nuevo ente, creado para fortalecer la seguridad nacional, ha suscitado opiniones encontradas en el espectro político, marcando un hito en la discusión sobre la relación entre seguridad y derechos individuales en la República Dominicana.