Los empresarios y legisladores de la República Dominicana se unen en una exigencia unánime al Ministerio Público para que aplique todo el peso de la ley a los responsables del escándalo que ha sacudido al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Por: Maholi Albuez
Santo Domingo.- La gravedad de las denuncias de irregularidades en la licitación del proyecto de semaforización del Gran Santo Domingo, evaluado en más de 1,200 millones de pesos, ha generado una profunda preocupación en diversos sectores de la sociedad.
En declaraciones contundentes, el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana Celso Juan Marranzini subrayó la necesidad de castigar a los responsables de este escándalo. Haciendo hincapié en la importancia de preservar la seguridad jurídica del país y proteger la inversión, instó al Ministerio Público a tomar medidas ejemplares que envíen un mensaje claro contra la impunidad.
Desde el ámbito político, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Henríquez, expresó su esperanza de que el Ministerio Público actúe con diligencia en el caso del INTRANT. Henríquez hizo énfasis en la necesidad de que los sometimientos de los opositores estén respaldados por una investigación exhaustiva que revele la verdad detrás de las denuncias.
El escándalo del INTRANT ha desatado una ola de inquietud en toda la nación. Las denuncias de irregularidades en la licitación no solo ponen en entredicho la transparencia del proceso, sino que también generan dudas sobre la integridad del sistema de contratación pública. La magnitud económica del proyecto y su impacto en la seguridad vial hacen imperativo que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas rápidas y efectivas.
La sociedad dominicana espera con ansias que el Ministerio Público asuma su papel de defensor de la justicia y la legalidad. En este contexto, se subraya la importancia de evitar cualquier interferencia política y garantizar que la investigación sea imparcial, transparente y enfocada en la verdad.
Empresarios, legisladores y ciudadanos coinciden en que la resolución de este caso no solo es vital para restablecer la confianza en las instituciones, sino también para salvaguardar el buen nombre de la República Dominicana en el ámbito nacional e internacional. La justicia debe prevalecer para asegurar un futuro donde la transparencia y la legalidad sean pilares inquebrantables de la sociedad.
